11.03.2016 10:57
Efectos de la política impositiva sobre el sector automotor:
Por un lado debemos considerar el costo que le genera al país, la siniestralidad en el tránsito.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Gerardo Barrios, explicó a El Observador que en un primer estudio del Ministerio de Transporte en el año 2000 acerca de costos de siniestros de tránsito (materiales, judiciales, lesionados, discapacidades, muertos, años de vida perdidos) arrojaba un gasto de US$ 1100 millones. “Eso era en ese entonces el 4,5% del PBI, lo que equivalía al presupuesto total dedicado a la enseñanza”.
El estudio se actualizó en el 2004, como el PBI había aumentado, ese porcentaje pasó a ser 3%. “Ahora se está haciendo una nueva actualización. Pero se pierden unos US$ 1.200 millones anuales en el país por accidentes, 2,5% del PBI.
. Por otro lado debemos considerar lo que recauda el estado como fruto de su política impositiva sobre el sector automotor.
El Observador publicó, que del total anual recaudado en 2010 por tributos que pagan los conductores de automóviles, alrededor de $ 1.700 millones pertenecen al pago de la patente. El ingreso por ese mismo tributo durante 2009 fue de $ 1.648 millones, según el balance presupuestal de la IMM. El ingreso por patentes equivalen a unos U$S 82 millones al cambio del momento.
El récord de 51.383 vehículos 0 kilómetro comprados en 2011 supuso un gasto de US$ 1.139 millones para los uruguayos, superando en un 19,3% los US$ 954 millones de 2010, según los datos procesados por la consultora del mercado automotor Autodata a los que accedió El País.
Si se tiene en cuenta que cerca de la mitad del valor de un 0 kilómetro corresponde a impuestos, el Estado se hizo de US$ 569 millones por este negocio el año pasado.
Por lo tanto, es claro que si por un lado ponemos lo que el Estado recauda por venta de 0 km, sumado a lo que recauda por concepto de patentes, y por otro lado los costos que tiene la sociedad y el Estado por concepto de siniestros de tránsito, el resultado es netamente negativo en alrededor de U$S 548 millones.
Si consideramos la recaudación impositiva global del Estado, lo recaudado por el sector automotor es una porción pequeña del total. Según el último informe de DGI, durante 2010 (año récord de ventas de autos 0 km) la contribución por este rubro de IMESI fue sólo el 1,5% de la recaudación total. Esto sugiere que para un período representativo la misma sería menor al 1%, representando apenas 0,5 puntos de IVA.
La estructura impositiva que ha recaído sobre el sector es en buena medida responsable de un parque automotor muy caro (en términos absolutos y relativos), envejecido, y con escasa penetración de unidades que incorporen medidas de seguridad estándar, incluso, respecto a países de similar desarrollo relativo.
Además ha determinado que cada vez haya un mayor número de motos, siendo estas responsables de casi el 60 % de los muertos y lesionados en siniestros de tránsito, afectando sobre todo a una población muy joven y de menores recursos. Basta pasar por cualquier obra en construcción y observar el amplio parque de motos estacionadas frente a ellas.
El gobierno debería rebajar fuertemente el IMESI sobre el sector automotor en general, y hacerlo en forma diferenciada en favor de aquellas unidades que incorporen elementos adicionales de seguridad (sistemas de frenado de emergencia, distribución de fuerza de frenado, control de tracción, airbags laterales o de cortina, anclajes isofix, control de estabilidad, vehículos probados en LATINCAP con resultados de 4 o 5 estrellas, y un etc. variable con el imparable y veloz progreso de la tecnología).
Dado que los autos en Uruguay circulan en promedio más años de los que sería recomendable y tienen una alta rotación, fomentar la incorporación de medidas de seguridad en unidades mejor equipadas y con mejor estructura, permitirá reducir la incidencia de accidentes y minimizar sus costos, sobre todo en vidas humanas y lesiones graves, no solo para quienes compran vehículos 0 km, sino también para quienes los adquieran de segunda mano.”
Además si se rebajaran los impuestos sobre el sector automotor, tal como ya se experimentó, la recaudación global por dicho concepto, lejos de reducirse se incrementaría, debido al aumento de las ventas, siendo que además hay que tener en cuenta la reducción en los gastos generados por la reducción de lesionados que ocurriría al tener un parque automotor más nuevo, con mayor equipamiento de seguridad y menor uso de motos.
Esto ya fue corroborado, cuando se implementó en forma transitoria la rebaja del Imesi a los vehículos de menos de 1.000 cc. Dicha medida tuvo un impacto económico muy favorable, puesto que se duplicó la venta que pasó de 3.239 en el 2010 a 7.252 en 2011 y el Estado tuvo, a pesar de la rebaja de las tasas, un aumento de los ingresos fiscales. En este caso, ganaron los importadores, ganaron los consumidores y también ganó el Estado. No es entendible, porque razón, algo que resultó positivo para todos, fue eliminado.
SEGUIR EL MISMO CAMINO. Luego de esta experiencia de 2011 y en un país donde las cifras de los accidentes de tránsito de motos son alarmantes, en particular por la gravedad de las lesiones o muertes causadas, se impone seguir el camino iniciado en 2011, incrementando las rebajas tributarias a los vehículos, sobre todo a los que incorporen medidas de seguridad.
Por el contrario, en lugar de perder más de U$S 500 millones como ocurre en la actualidad (hay que tener en cuenta que se busca no devolver lo recaudado de más por concepto de aportes FONASA, para equilibrar el presupuesto nacional y son sólo U$S 50 millones) con una política impositiva racional sobre el sector automotor, el Estado incrementaría su recaudación y reduciría el gasto en atender las consecuencias de los siniestros de tránsito.
Hay que tener en cuenta que el Fonasa es cada vez más deficitario, y que gran parte de dicho déficit podría ser reducido, si reducimos los gastos en atender lesionados en siniestros de tránsito.
En realidad el gobierno no percibe los efectos negativos de su política impositiva, la cual cómo vamos a intentar demostrar, termina perjudicando a aquellos a quienes se supone quiere beneficiar.
Los automóviles son considerados artículos suntuarios y por lo tanto sufren una carga impositiva del 50 % de su valor o mayor en algunos casos, por lo cual tenemos el privilegio de tener los autos más caros del mundo, sobre los cuales además pagamos patentes que son más caras que en las principales ciudades Europeas.
Esta política que pretende castigar a los ricos para redistribuir ese dinero a los pobres, determina la siguiente realidad:
Los ricos compran cada vez autos más caros y con mayor nivel de equipamiento en seguridad. En cambio los pobres acceden a vehículos cada vez más viejos y más baratos, en base a la eliminación de elementos de seguridad, que hoy en día son obligatorios en países del primer mundo. Para peor, la mayoría de los obreros adquieren motos, lo cual sumado a la ineficiente política de control del tránsito a nivel nacional y departamental, llegamos a la situación actual de una altísima tasa de siniestralidad, con más de 500 muertos por año y unos 29.000 lesionados anuales, de los cuales el 60 % son motociclistas.
Por lo tanto, la política impositiva que se supone tiene como objetivo redistribuir riqueza, lo que está redistribuyendo es la mortalidad y morbilidad en el tránsito, provocando una altísima tasa de muertos y heridos entre los trabajadores. Con el agravante de que cuando más pobres mayor es su participación, dado que entre los muertos predominan los ciclistas, peatones y motociclistas, siendo la primera causa de muerte en menores de 35 años.
Además estas cifras de siniestralidad implican un elevadísimo gasto en atención de salud y recuperación de lesiones invalidantes que afectan en general a la población más jóven.
Desde que se creó el FONASA, todo el gasto en salud deriva de las arcas del Estado. Por lo que si hacemos una contabilidad completa, que incluya los costos de la siniestralidad, y de atención a las víctimas, como lo demostramos al inicio, el Estado termina gastado mucho más de lo que recauda en impuestos a los autos, en atención sanitaria a las víctimas del tránsito.
Si los vehículos y el transporte público tuvieran una menor carga impositiva y fueran más accesibles para los trabajadores, y si el Estado reformara su gestión e hiciera más eficiente el control sobre el tránsito (que hoy presenta una altísima tasa de informalidad, siendo que más del 30% conduce sin libreta de conducir) obtendríamos un ahorro importante en el gasto Estatal.
Además, realmente estaríamos promoviendo la justicia social y la equidad de todos los ciudadanos, tratando de que estén en igualdad de condiciones de seguridad en el tránsito, independientemente de que sean ricos o pobres.
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