17.04.2014 14:52
- Quién debe asumir los costos de atención sanitaria y daños materiales provocados por siniestros de tránsito debidos a incumplimiento de las normas de tránsito?
Es correcto que toda la sociedad deba asumir los costos provocados por ciudadanos que ocasionan siniestros de tránsito por manejar alcoholizados, sin libreta de conductor habilitante, o con libreta suspendida por infracciones graves, o por conducir motos que no cumplen condiciones de circulación reglamentarias?
Si un motociclista sufre un traumatismo de cráneo grave por conducir sin casco, o alcoholizado, o sin licencia de conductor habilitante, y como consecuencia se le debe realizar una neurocirugía, tal vez varias cirugías traumatológicas adicionales, y termina ocupando un CTI durante varias semanas, además de requerir tomografías y transfusiones o tratamientos prolongados durante su internación, y luego semanas de recuperación, evidentemente genera un costo enorme al sistema de salud, que se hubiera evitado en caso de utilizar el casco reglamentario, conducir con la licencia y respeto por las normas de tránsito y hacerlo sin estar bajo los efectos del alcohol o drogas psicoactivas.
Es correcto que toda la sociedad a través del financiamiento al FONASA, deba hacerse cargo de estos costos extras cargados al sistema y generados por un ciudadano irresponsable?
En 2010 murieron 556 personas y 28.510 resultaron lesionados, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Los últimos significan un gasto superior a los US$ 1.000 millones, lo mismo que ingresa al país por concepto de turismo, o casi lo mismo que se destina a educación pública.
La falta de regularización de la venta de birrodados, sumado al escaso control que se efectúa sobre la circulación de motos, ha elevado la cifra de motociclistas sin libreta de conducir al entorno del 35%, es decir, unos 280 mil conductores, según datos de ISEV. Para Borges se trata de los infractores de la peor calaña: “No han pasado ni por un mínimo de clases o por un examen teórico práctico, por lo tanto, son un peligro para la sociedad y esta no debería permitirlo”. A su juicio, debería ser un delito.
Creo firmemente que se debería ir hacía una política de responsabilidad ciudadana, donde aquel ciudadano que incumpla las normas establecidas, y debido a ello genere siniestros de tránsito con daños y lesiones personales, o a terceros, que impliquen gastos en atención sanitaria, y costosos procesos de recuperación de lesiones, deba hacerse cargo personalmente de todos los gastos generados.
Esta sería a mediano plazo, una medida mucho más eficaz en lograr el acatamiento a las normas de tránsito, que la situación actual donde predominan los controles esporádicos e irregulares, con la multa y eventual retiro temporal de la libreta de conducir como penalización habitual, o en casos más extremos el retiro de la moto, la cual es rápidamente repuesta por otra, pagándola en cuotas, dado que el retiro de la misma no implica la suspensión o prohibición de adquirir una nueva en forma definitiva o por determinado lapso.
La socialización actual de los costos de la atención sanitaria, donde los que tienen más pagan más por la misma, parece muy justa a primera vista, pero esconde la injusta situación de que aquellos que respetan las normas y reglamentos de tránsito, terminan pagando los costos adicionales y evitables, generados por aquellos infractores irresponsables que provocan siniestros de tránsito actuando en forma negligente e imprudente.
El costo generado al sistema de salud por los siniestros de tránsito es elevadísimo y se calcula que el costo total generado equivale a lo que se gasta en educación (4,5 % del PBI).
Sería además una medida mucho más equitativa, si en lugar de socializar los gastos de salud en forma genérica, comenzamos a individualizar y a responsabilizar de los gastos generados por acciones individuales irresponsables, en lugar de que toda la sociedad deba cargar con la atención sanitaria de aquellos que incumplen las normas de tránsito.
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